Tras más de once horas de debate y en medio de fuertes cuestionamientos sociales y ambientales, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. La votación se dio en un contexto de movilizaciones, denuncias por irregularidades en la participación ciudadana y advertencias sobre el impacto que los cambios podrían tener en las reservas de agua del país.
La iniciativa impulsada por el gobierno nacional fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, consolidando una nueva etapa en el conflicto por la protección de los glaciares y el acceso al agua.
Una votación ajustada, con apoyos clave
El oficialismo logró avanzar con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y otros espacios provinciales, además de algunos votos individuales de sectores opositores.
En contra, se posicionó la mayor parte de Unión por la Patria, junto a legisladores de la izquierda, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios. Las abstenciones corresponden a un grupo reducido de diputados.
La sesión se extendió durante toda la jornada y estuvo atravesada por tensiones tanto dentro del recinto como fuera del Congreso, donde organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas se movilizaron en defensa de la ley vigente. Las protestas no se limitaron a la Ciudad de Buenos Aires: también hubo manifestaciones en distintos puntos del país, con el eje puesto en la defensa del agua y el rechazo a la reforma.
Del Congreso a la Justicia: convocan a una demanda colectiva
Tras la aprobación, organizaciones como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas anunciaron una nueva etapa de acción: una demanda colectiva para intentar frenar la reforma.
“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron, luego de denunciar que cientos de miles de personas fueron excluidas del proceso de participación.
La convocatoria busca canalizar el reclamo social que ya se había expresado durante la audiencia pública, donde el nivel de inscripción fue histórico pero la posibilidad de intervenir estuvo fuertemente limitada.
Un proceso cuestionado desde el inicio
El tratamiento de la reforma estuvo rodeado de críticas desde sus primeras instancias. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, pero sólo una mínima porción pudo exponer.
Entre las principales denuncias se señalaron:
- Restricción en la participación ciudadana
- Tiempos de exposición reducidos
- Selección de oradores sin criterios claros
- Incumplimiento de normativas ambientales y del Acuerdo de Escazú
Para organizaciones ambientales, el proceso estuvo “viciado” y no garantizó un debate democrático real.
Qué cambia con la reforma
Uno de los puntos centrales de la modificación es la redefinición de qué glaciares y zonas periglaciares deben ser protegidos. Mientras la ley original establecía una protección amplia como reserva estratégica de agua, la reforma habilita que sean las provincias las que definan qué áreas conservar y en cuáles permitir actividades extractivas.
Esto, advierten especialistas, podría abrir la puerta a proyectos mineros en zonas que hasta ahora estaban restringidas. Detrás de estos cambios aparecen intereses concretos: distintas multinacionales del sector minero con proyectos en zonas cordilleranas que buscan avanzar sobre territorios donde se concentran recursos estratégicos.
En ese marco, se mencionan iniciativas como Vicuña —vinculada a grandes corporaciones internacionales—, junto a otros proyectos en San Juan y Catamarca, asociados a empresas como BHP, Rio Tinto, Glencore y Barrick Gold, esta última responsable del proyecto Veladero, con antecedentes de derrames contaminantes. Para referentes ambientales, estos actores no solo se verían beneficiados por la reforma, sino que forman parte del trasfondo del debate.
Por qué importan los glaciares
Los glaciares cumplen un rol clave como reservas de agua dulce. Funcionan como reguladores naturales: almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente, especialmente en épocas de sequía.
En Argentina hay más de 16 mil cuerpos de hielo identificados, que alimentan cuencas hídricas de las que dependen millones de personas, ecosistemas y actividades productivas.
Aunque ocupan una porción mínima del territorio, su impacto es estratégico: el agua que generan sostiene regiones enteras, incluso a cientos de kilómetros de distancia.
Un conflicto que sigue abierto
Lejos de cerrar el debate, la aprobación de la reforma abre un nuevo escenario de disputa. A la discusión legislativa le sigue ahora una etapa judicial y social, con organizaciones que buscan frenar la aplicación de los cambios.
En el centro del conflicto aparece una pregunta que atravesó toda la discusión: quién decide sobre los bienes naturales y bajo qué condiciones. Mientras tanto, el reclamo que se repitió en las calles, en la audiencia y dentro del Congreso sigue vigente:
DEFENDER EL AGUA.
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