Virginia Aparicio: “La exoneración no se practicó en democracia”

En una entrevista exclusiva con Hilo Verde, Aparicio habló sobre las consecuencias de la sanción, a raíz de estudiar las consecuencias de los agrotóxicos en la salud. También explicó que hace más de 20 años que es investigadora del INTA y casi 10 del CONICET: “La exoneración no se practicó en democracia, es la sanción disciplinaria más elevada del sistema administrativo nacional y significa que no puedo volver a insertarme en ninguna dependencia nacional.”


La investigadora Virginia Aparicio fue exonerada del INTA luego de participar en el proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, animales y humanas. La investigación permitió detectar mezclas de agroquímicos en distintos entornos y también en el organismo de personas que viven en zonas rurales y urbanas. Hilo Verde viajó a Mar Chiquita, donde se realizó el 16 Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires y pudo hablar en exclusiva con Virginia Aparicio.

¿Te imaginabas la repercusión que iba a tener tu caso y tu investigación?

No me imaginé tener impacto. El impacto que buscamos los científicos es generar datos para tener impacto en la solución. Todo esto de estar tan expuesta físicamente a la sociedad me lo trato de tomar con calma, porque es necesario explicar los resultados y sacar algunas dudas que se van generando a raíz de mi exoneración.

Hubiese preferido que no fuera una exoneración, pero bueno, tocó así.

¿Qué pasó en la audiencia pública y qué se discutió?

Fue una convocatoria que ofreció un espacio dentro del Congreso para que distintas voces pudieran hablar, no tanto de mi exoneración en sí, aunque ese era el lema, sino de la preocupación que tenemos como científicos frente a la posibilidad de que se censure la ciencia.

En este caso, quienes participamos de la investigación nos damos cuenta de qué cosas no se están hablando y qué información no puede llegar a la población. Pero a mí, en lo personal, me genera muchas dudas sobre otras partes de la ciencia que podrían beneficiarme y que quizás nunca voy a conocer.

Fue un shock emocional impresionante. Hubo distintos disertantes y diputados nacionales que analizaron el dictamen de la exoneración. Pero lo más importante fue contar con el pueblo, con las comunidades con las que veníamos trabajando, que pudieron explicar por qué era importante nuestra investigación.

Virginia Aparicio habló de su exoneración

¿Qué consecuencias tiene tu exoneración en términos concretos?

Hace más de 20 años que soy investigadora del INTA y casi 10 del CONICET. La exoneración no se practicó en democracia, es la sanción disciplinaria más elevada del sistema administrativo nacional y significa que no puedo volver a insertarme en ninguna dependencia nacional. Incluso alcanza a sistemas de investigación provinciales que están vinculados con el ámbito nacional.

Tampoco puedo trabajar como científica. Perdí con la exoneración mi identidad científica. Lo que aprendí a hacer, para lo que me formé en la administración pública y en la universidad, no lo voy a poder ejercer más.

En el sector privado podría trabajar, pero hay un conflicto de intereses porque mi especialidad es la detección de plaguicidas. Además, no sé comercializar mi conocimiento: soy una servidora pública. Entonces, es un problema.

¿Cómo comenzó la investigación SPRINT y qué buscaba estudiar?

A partir de 2020 comenzamos a participar, desde el INTA, de un proyecto internacional financiado por la Comisión Europea. El objetivo era estudiar la distribución de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.

Queríamos conocer qué concentraciones había y si esas sustancias aparecían en mezclas. Desde el punto de vista científico sabemos qué ocurre cuando un plaguicida entra en contacto con un organismo vivo, incluido el humano, pero no sabemos necesariamente qué pasa cuando hay varios juntos: si sus efectos se potencian, se suman o generan sinergias.

En 2021 pudimos realizar los muestreos y enviamos las muestras a Europa, como se hizo en los demás países participantes. Cuando recibimos los resultados, comenzamos a organizar las devoluciones individuales y una reunión para compartir la información. Esa reunión fue prohibida por el director nacional de ese momento. Después se suspendieron las actividades del proyecto en Argentina, se pidió rescindir el contrato y comenzó un sumario contra quienes participábamos.

¿Qué encontraron a partir de los resultados del proyecto?

Por primera vez pudimos ver los cócteles de plaguicidas a los que estamos expuestos. Esa exposición no es exclusiva de quienes trabajan en el sector agropecuario o viven cerca de los campos: también encontramos esa presencia en muestras de sangre, orina, materia fecal y polvo de los hogares de personas que viven en pueblos y ciudades como Mar del Plata y Tandil.

Estamos hablando de una contaminación transversal, a la que nos exponemos en el día a día.

También hubo una buena noticia: las muestras ambientales de los sistemas agroecológicos evidenciaron una reducción de la presencia de plaguicidas. Eso muestra que se puede empezar a depurar el sistema de esa carga química.

¿Quiénes tomaron la decisión de tu exoneración? ¿Dónde identificás los conflictos de intereses?

El Consejo Directivo del INTA está constituido por representantes de la Mesa de Enlace, de las facultades de Agronomía y Veterinaria y del Ministerio. El presidente del INTA es una persona designada políticamente.

Ahí tenés el núcleo básico del poder nacional. Esas personas tienen voz y voto y deciden si hacen caso o no al informe de la persona que lleva adelante el sumario.

Además, en un proceso administrativo deberían existir garantías para presentar pruebas y que sean consideradas. En mi caso, no pude lograr que mis testigos declararan ni que mis escritos fueran interpretados correctamente. Tampoco se comunicaron con la coordinadora del proyecto, que iba a participar como testigo.

El sumario se genera dentro de una institución y quienes lo desarrollan son funcionarios de esa misma institución. Por eso considero que hay un problema: es juez y parte. Voy a tener que recurrir al sistema judicial.

¿Qué pasos vas a seguir para intentar revertir la situación?

El futuro inmediato es terminar todos los pasos administrativos. Tengo un plazo para presentar el recurso de reconsideración con alzada en subsidio y después voy a recurrir a la vía judicial.

Eso puede llevar bastante tiempo. También, tengo que ver si la otra institución que me emplea, el CONICET, toma alguna decisión sobre lo que resolvió el INTA respecto de una persona que trabaja en ambos organismos.

Mientras tanto, tengo que encontrar la forma de sostenerme económicamente.

¿Qué tendría que pasar para que esta información pueda traducirse en soluciones?

Es una cuestión más política. Si en vez de estar discutiendo ahora mi exoneración pudiéramos estar discutiendo la información que produjo la investigación, podríamos avanzar y resolver los problemas mucho más rápido.

La contaminación está ahí y los resultados permiten conocer mejor a qué estamos expuestos. Tenemos que poder hablar de esa información y trabajar para promover prácticas que reduzcan el uso de insumos químicos, porque se puede producir de otra manera.

La entrevista con Virginia Aparicio vuelve a poner en el centro una discusión que va más allá de su situación laboral: el acceso a la información científica, la exposición cotidiana a los plaguicidas y el papel del Estado en la investigación y el cuidado de la salud pública.

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