La deforestación de la Amazonia durante el gobierno de Bolsonaro había alcanzado números récord. Durante el último mandato de Lula se redujo más del 50%. Para el 2030 se plantea un plan de deforestación cero. ¿Será posible? De eso se habló en el último episodio de Hilo Verde. Además, los desalojos de comunidades mapuches en Neuquén, Argentina, exponen distintas formas de una misma disputa: quién decide sobre los territorios y qué intereses prevalecen sobre los derechos de los pueblos que los habitan.
La Amazonia es uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación del clima. Se trata del bosque tropical más grande del planeta. Sin embargo, enfrenta amenazas constantes por el avance de la ganadería, el cultivo de soja, la minería ilegal, la tala y los incendios forestales.
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), se debilitaron los controles ambientales y aumentaron las presiones sobre la selva y los pueblos que la habitan. Con el regreso a la presidencia de Lula da Silva, en 2023, Brasil planteó con más fuerza el compromiso de frenar la deforestación y recuperar las políticas de protección ambiental.
Amazonia: ¿qué cambió con Lula después de Bolsonaro?
Las cifras muestran una reducción de la superficie deforestada: en 2023 se registraron 9.064 kilómetros cuadrados; en 2024, 6.518; y para 2025, la estimación fue de 5.796 kilómetros cuadrados. El objetivo del Gobierno brasileño es alcanzar la deforestación cero para 2030.
En un nuevo episodio de Hilo Verde, la periodista Silvina Heguy, autora del libro Viaje al fin del Amazonas, analizó los límites de estas políticas y las amenazas que continúan sobre el territorio. Entre ellas, mencionó la apropiación ilegal de tierras, el avance de la frontera agropecuaria, la violencia y los incendios provocados para transformar áreas de selva en terrenos productivos.
“La investigación básica es cómo la ilegalidad y el negocio avanza sobre la selva”, explicó la periodista al referirse al eje de su trabajo.
La periodista también señaló la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, ya que los compromisos ambientales deben traducirse en medidas concretas para proteger el bosque y a las comunidades que viven en él. En ese sentido, advirtió: “Detener la deforestación no es fácil tiene que haber vigilancia satelital, pero también terrestre ya que estamos hablando de nueve paises que operan sobre Amazonia”.
A esto se suman los intereses económicos asociados a la producción de soja y la ganadería, que continúan ejerciendo presión sobre los territorios. En ese escenario, la protección de la Amazonia también requiere acuerdos entre los países que comparten el ecosistema, porque las consecuencias de su degradación exceden las fronteras nacionales.
Los límites de la agenda climática brasileña
Más allá de la reducción de la deforestación, existe una gran contradicción en las políticas ambientales de Brasil: decisiones como la autorización para avanzar con la exploración petrolera en el bloque FZA-M-59, ubicado en aguas del Atlántico frente al estado de Amapá, cerca de la desembocadura del Amazonas.
Aunque la exploración no se realiza dentro de la selva, la iniciativa abrió un debate sobre las contradicciones de una agenda que busca reducir las emisiones y, al mismo tiempo, mantiene proyectos vinculados a los combustibles fósiles.
Neuquén: desalojos de comunidades mapuches
Mientras en Brasil la disputa se concentra en la protección de la selva frente al avance de distintas actividades económicas, en Neuquén las comunidades mapuches denuncian desalojos y amenazas sobre sus territorios ancestrales. Noelia Huenumil, inan longko de la comunidad mapuche Lof Melo en Neuquén, compartió su mirada sobre el avance de las actividades extractivas, las políticas estatales y las consecuencias que enfrentan quienes defienden sus territorios.
En agosto de 2026, se llevó adelante un operativo de desalojo en zonas vinculadas a las comunidades Lof Melo y Lof Kinxikew, en el área de Coihue-Brazo Huemul, cerca de la Ruta Nacional 40. Según el testimonio de sus integrantes, más de 30 familias se encuentran afectadas por el conflicto territorial.
La voz del territorio
En diálogo con Hilo Verde, Noelia Huenumil, integrante de la zona Lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén, describió las consecuencias del operativo y el desgaste que atraviesa la comunidad. El 19 de agosto se concretó uno de los desalojos, mientras que otras órdenes judiciales continuaban vigentes.
“Estamos con una orden, la novena orden de desalojo en nuestro territorio y estamos en una situación de resguardo permanente en este momento”, contó Huenumil.
La referente explicó que la comunidad está integrada por familias con niños, jóvenes y adultos, que desarrollan su vida en el territorio y crían animales. También, defendió la presencia ancestral del pueblo mapuche en la zona: “Desde ancestralmente, desde antes que se crea el Parque Nacional Lanín […] ya estaba la población en ese lugar”.
“El daño que han ejercido sobre toda la comunidad, psicológico, emocional y el desgaste físico también que genera es irreparable”, expresó Huenumil.
La referente también denunció la pérdida y dispersión de animales, además de situaciones de hostigamiento verbal y afectaciones emocionales. Según su relato, se habrían propuesto controles policiales y de Gendarmería para restringir el ingreso de alimentos, combustible, materiales y medicamentos.
Las comunidades sostienen que detrás del conflicto existen intereses inmobiliarios y cuestionan las medidas que afectan su permanencia en el territorio. Se trata de una disputa judicial en curso, en la que las familias reclaman el reconocimiento de su ocupación ancestral y denuncian las consecuencias de los procedimientos de desalojo.
La referente también advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, puede tener el avance de estas medidas sobre otros sectores de la sociedad. Frente a esta situación, reclamó unidad para defender los derechos de las comunidades: “Tenemos que estar unidos para que juntos podamos sostener esta lucha y no permitir que se pierdan esos derechos que ya tenemos y que tanto nos ha costado obtener”.
¿Quién defiende a quienes defienden el territorio?
Las situaciones de la Amazonia y de las comunidades mapuches en Neuquén tienen contextos diferentes, pero permiten observar una pregunta en común: qué lugar ocupan los derechos de los pueblos y la protección ambiental cuando entran en conflicto con intereses económicos y decisiones políticas.
En Argentina, el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante la Ley 27.566, establece compromisos vinculados con el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras del ambiente.
Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos plantea el desafío de garantizar que puedan ejercerse efectivamente, especialmente en territorios donde las comunidades denuncian presiones, amenazas o medidas que ponen en riesgo sus formas de vida.
La defensa de la Amazonia y los reclamos de los pueblos mapuches invitan a discutir quiénes toman las decisiones sobre los territorios, qué intereses las orientan y por qué resulta fundamental escuchar a quienes los habitan y defienden.
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