La nueva Ley Ómnibus, impulsada por el gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en manos de Senadores, posee distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales.
¿Cómo afecta la nueva ley de bases al ambiente? La nueva Ley Ómnibus, impulsada por el gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en manos de Senadores. La discusión en comisiones de ley de Bases y el paquete fiscal iniciará el próximo martes. Las comisiones involucradas serán las de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. El calendario estima que de conseguir el dictamen el próximo jueves 9 de mayo, las iniciativas podrían tratarse el jueves 16, a nueve días del domingo 25 de mayo. EN caso de haber modificaciones, la otra alternativa sería el jueves 23 de mayo.
➡️ Se le otorgaría al Poder Ejecutivo amplias facultades para legislar en materia energética y en gestión ambiental hidrocarburífera sin pasar por el Congreso.
➡️ Adiós a las audiencias públicas. Esto se refiere a que esta instancia clave de participación ciudadana pasaría de obligatoria a optativa. Según el capítulo III que propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
➡️ La creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esto consta, por ejemplo, en el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social.
➡️ Además, estos puntos no exigen presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni Evaluaciones de Impactos Acumulativos.
➡️Modificaciones en la Ley de Hidrocarburos. El nuevo proyecto de Ley Ómnibus contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319).
➡️ Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno.
➡️ Reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).
➡️ La posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.
Y no olvidar que las facultades delegadas implican un gran riesgo para nuestros bienes naturales. ¿Quieren saquear Argentina?
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