Apenas un día después del anuncio de la creación de la Mesa Nacional para la Minería Abierta a la Comunidad, la policía de Catamarca reprimió a vecinos de Andalgalá que frenaban el avance del proyecto minero MARA (Agua Rica-Alumbrera). Hubo heridos y a una mujer se la privó de su libertad.
Por Carla Gago*
Otra vez los gritos cortando el silencio de la noche. Otra vez las estampidas en busca de un lugar seguro lejos de las balas, los gases lacrimógenos y los bastones. Los vecinos de Andalgalá no son ajenos a los métodos del lobby minero y a la violencia con la que avanzan sobre sus territorios. Y sin embargo, resisten.
“La policía disparó prácticamente a quemarropa y eran superiores en número. Es exactamente lo mismo que se vivió hace un año. Ahora lo que se teme es que empiecen a llegar citaciones judiciales a vecinos y que empiecen a amedrentar a los asambleístas”, cuenta Manuel Fontenla, activista de la Asamblea Pucará, espacio provincial que articula acciones en pos de la defensa de la vida, el agua y los territorios.
¿Qué es el proyecto MARA?
La represión de la noche del 2 de mayo se dio en un contexto de bloqueo selectivo a camiones que subían al proyecto minero MARA (Agua Rica – Alumbrera) de las empresas extranjeras Yamana Gold Inc, Glencore International AG y Newmon Corporation. El objetivo es la extracción de cobre, molibdeno, oro y plata aprovechando la planta de procesamiento de Alumbrera y la riqueza del yacimiento de Agua Rica. En el proyecto se llevan invertidos 1300 millones de pesos.
“La policía venía bajando desde Choya y podían circular. No fueron emboscados como se dijo en algunos medios. Como tenían la orden de levantar el bloqueo fueron directamente a reprimir y a disparar. Sin embargo, lejos de intimidarse, la gente salió a la calle y se manifestó en la plaza”, añade el activista.
Andalgalá: ¿Dictadura minera?
La postura de los vecinos es histórica y contundente. Hablan de dictadura minera y exigen la presencia del gobernador Raúl Jalil en el lugar. Según explica Fontenla, desde hace más de 600 sábados el pueblo de Andalgalá se manifiesta pacíficamente en contra de la megaminería y son las asambleas y los vecinos quienes dialogan a través de presentaciones judiciales, de amparos y de pedidos de análisis de informe de impacto ambiental.
“Hace 10 años tienen la actitud de diálogo y lo que siempre ha hecho el gobierno de turno es reprimir. Hubo represión en 2011, en 2021, y ahora en 2022”, dice.
“Tengo hijos y lucho por ellos. Vayánse”
La voz que se escucha en el video es de Karina Orquera, vecina de Choya apresada por las fuerzas policiales catamarqueñas durante la represión. Está oscuro y apenas se la ve unos instantes; lleva una campera verde, un barbijo blanco y un mechón de pelo le tapa ligeramente el rostro. Abre los brazos, se para frente a la policía y les pide que se vayan.
Según un anuncio de la Asamblea El Algarrobo y gracias a la presión de la comunidad Karina recuperó su libertad. Estuvo detenida desde el lunes en la comisaría de Andalgalá por orden del fiscal Martín Camps quien fue escrachado en la vía pública.
Karina es madre de Jere y, como muchos, salió a las calles a decirle NO a la megaminería. “Cuando hoy en el aula de Choya Jere no estaba se sentía su ausencia y Jere no estaba porque su mamá decidió ser valiente y defender lo que cree. Karina Orquera hoy también es una víctima del patriarcado y del Estado al servicio de las mineras”, escribió en sus redes sociales Sabrina Fohesatto, docente integradora de la Escuela Especial n°2 de Andalgalá.
Abogades ambientalistas
Al respecto desde la Asociación de Abogades Ambientalistas expresan en un comunicado: “La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería”.
Por su parte asambleas, organizaciones de base, activistas y personalidades de distintos sectores también se manifestaron en contra: “No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería, ni por falta de control; lo hacemos porque en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales. Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Asamblea Jachal No Se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea No a la Mina Esquel y comunidades mapuches.
Si hay violencia no hay diálogo
La creación de la Mesa Nacional por la Minería Abierta a la Comunidad (Memac) a cargo del Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas generó rechazo e indignación en el seno del ambientalismo nacional. En un nuevo intento por legitimar el avance del sector minero por sobre los territorios, el gobierno llamó al diálogo y convocó a un encuentro del cual participaron empresarios y representantes de las organizaciones juveniles Jóvenes por el Clima (JOCA) y Eco House. La reunión ocurrió el mismo 2 de mayo, horas antes de la brutal represión. Asimismo, trascendió una foto de Kulfas con el gobernador de Catamarca, generando aún más repudio.
“Armar mesas de diálogo en CABA es una estrategia política super reconocida como un espacio necesario para legitimar ante los medios la apertura de ciertos procesos. Pero nunca jamás en el caso de la minería estas mesas fueron trasladadas a espacios participativos en los territorios donde ocurre la actividad. Desde ese lugar es muy fácil simular que se están tomando procesos de profundización democrática y ciudadana a partir de invitar puntualmente a unas organizaciones”. Eso sostiene Flavia Broffoni, politóloga y co-fundadora de Rebelión o Extinción (XR) Argentina y agrega:
“Todas las voces que vienen estando presentes en discusiones históricas en los casos de los extractivismos nunca jamás tienen la posibilidad de participar de estos espacios. La apertura de mesas de diálogo no solamente genera la ficción desde lo mediático de que hay licencia social para que avancen determinadas actividades. Sino que rompen y generan muchas grietas entre los movimientos socioambientales”. Para Broffoni una manera de tejer consensos y legitimidad con las comunidades es acercarse a ellas y respetar su voluntad. “¿Qué sentido tiene llevar la voz propia de una organización anclada en CABA sin contacto con espacios de militancia históricos de los territorios?”, se pregunta y abre un camino de profunda reflexión.
Falta la voz de los territorios
Por su parte, para Fontenla, la creación de la Memac representa posturas falsas y son espacios pensados para empresas en la capital del país donde no están los territorios presentes y donde no se escucha la voz de las comunidades afectadas.
“Es importante que se sepa que los vecinos tienen pruebas de lo que denuncian. Vieron la destrucción en la naciente del río Choya, vieron como los caminos tienen escombros y generan derrumbes, saben del agua contaminada en sus pueblos y de la pobreza que les trajo la minería. En Catamarca hay 3 localidades (Andalgalá, Fiambalá y Antofagasta) intervenidas por emprendimientos megamineros y en las 3 hay conflictos, pobreza y sufrimiento. Cuando los vecinos dicen “el agua es vida y la megaminería es muerte” no es una metáfora; es la pura realidad. La gente que vive acá conoce las consecuencias de este tipo de extractivismo y no lo quiere”, afirma.
Jóvenes activistas de San Juan, Mendoza, Chubut, Río Negro y Catamarca también alzaron su voz. “Somos pibes y pibas de diferentes asambleas ambientales de territorios que son constantemente amenazados y afectados por el extractivismo minero. Somos quienes aprendimos que las luchas se dan en las calles y que la historia de resistencia al saqueo no empezó en 2019. A nosotres nos unen las mismas injusticias, los mismos dolores y también los mismos rechazos a este modelo de maldesarrollo. Somos quienes repudiamos la represión a todos los pueblos que resisten en defensa de los bienes comunes naturales. Por eso gritamos ¡Andalgalá, Choya, Santiago del Estero, su lucha es nuestra lucha!”.
“Dijeron diálogo, eligieron represión”
Horas más tarde de lo sucedido, desde JOCA sacaron un comunicado titulado: “dijeron diálogo, eligieron represión”. Y un tuit directo a Kulfas que dice: “Nos invitas a una mesa de «diálogo», en la que denunciamos la violencia institucional hacia quienes resisten los avances de proyectos mineros, y al día siguiente te sacas una foto con el comandante de la represión en Andalgalá”.
¿Es posible trascender las internas y construir un movimiento ambientalista anclado en la realidad de los territorios y por fuera del hervor de un escenario porteño? ¿Hacia dónde se dirigen los activismos socioambientales locales? ¿Cómo nos repensamos en estos contextos?
*Carla Gago es periodista freelance especializada en ambiente, género y derechos humanos. Vive en Buenos Aires, Argentina y colabora con medios regionales e internacionales. En 2020 fue becada por Cosecha Roja y el “Independent Journalism” de Open Society Foundation para la formación de periodistas de América Latina en el uso de nuevas herramientas digitales.
