En un acto sin precedentes en la historia democrática del país, un DNU reescribe más de 300 artículos a la vez, afectando los subsidios a las tarifas energéticas, los incentivos a las energías renovables y la minería. Expertos apuntan a un retroceso en materia ambiental y el quite de los beneficios a la generación distribuida, es decir, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables, tales como el sol, el viento o la biomasa.
