La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, en Uspallata, en una sesión marcada por protestas multitudinarias en las calles. La votación ocurre pocos días después de que el CONICET Mendoza publicara un informe técnico con fuertes objeciones, que luego fue retirado de los canales oficiales, generando denuncias de censura.
Mientras dentro del recinto se reunían 31 votos a favor y 13 en contra, afuera miles de personas se manifestaban frente a la Legislatura. En la misma sesión, la Cámara también aprobó la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, una Ley de Regalías Mineras -del 3% para la provincia- y las Declaraciones de Impacto Ambiental para 27 proyectos de exploración en Malargüe (Distrito Minero Occidental II), además del Proyecto San Jorge.
Vecinos y vecinas de Uspallata -epicentro de la resistencia-, organizaciones socioambientales, comunidades originarias y colectivos de toda la provincia reiteraron un mensaje: la megaminería no cuenta con licencia social en Mendoza. Las consignas recuperaron la memoria reciente: en 2019, tras días de protestas masivas, la ciudadanía logró frenar la reforma que habilitaba sustancias tóxicas en minería. El debate actual vuelve a tensionar la vigencia de la Ley 7.722, considerada un pilar para la protección del agua en la provincia.
Un proyecto en una zona clave para el agua
San Jorge se ubica en una de las cuencas más estratégicas de la provincia: abastece a 1,5 millones de personas, a miles de industrias y a más de 250 mil hectáreas productivas. Especialistas advierten que cualquier alteración en sus aguas superficiales o subterráneas puede afectar no sólo al oasis productivo mendocino, sino también a cuencas conectadas con otras provincias.
Qué dice el informe del CONICET que fue censurado
El comunicado institucional del CONICET -publicado y luego retirado- señaló deficiencias técnicas serias en el Estudio de Impacto Ambiental:
- Datos hídricos desactualizados, con mediciones previas a la megasequía que afecta a los Andes desde 2010.
- Caudales reales inferiores a la demanda proyectada por la empresa, lo que podría requerir usar prácticamente todo el caudal del arroyo El Tigre.
- Modelos insuficientes para evaluar el riesgo de contaminación de aguas subterráneas que alimentan el río Mendoza.
- Faltan líneas de base completas sobre flora y fauna; hay información incorrecta o incompleta y medidas de protección insuficientes.
- Riesgos sobre un patrimonio arqueológico de 8000 años, incluido un tramo del Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El organismo concluyó que, sin datos completos y actualizados, no se puede evaluar de forma confiable el impacto del proyecto y pidió que se revise y amplíe el estudio antes de avanzar.
Contexto político y lo que viene
El proyecto ya había sido rechazado en 2011 por unanimidad y acumula cuestionamientos técnicos y legales. Aun así, el Gobierno provincial insiste en habilitarlo. Comunidades originarias denuncian que no se respetó la consulta previa, libre e informada.
La decisión final ahora queda en manos del Senado, que tratará el proyecto en los primeros días de diciembre.
En las calles, la consigna volvió a repetirse: “El agua de Mendoza no se negocia”.
Más información: @asambleaporelagua
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