Activistas y organizaciones socioambientales denunciaron, durante la COP4 de Escazú en Bahamas, restricciones a la participación, acceso a la información y judicialización de la protesta, en contextos de conflicto por proyectos extractivos. “Nos acusan de terrorismo por defender el agua”, fue una de las frases más fuertes que resonó desde Mendoza. Defensores ambientales de Argentina y Chile expusieron la situación que atraviesa la provincia: criminalización de la protesta a aquellos que defienden el agua y se enfrentar al modelo minero, perpetuado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Ya van 41 detenciones.
Por Bárbara Astudillo Delgado (Chile) y Johana Itati Brida (Argentina)
Entre el 20 y el 24 de abril pasado, se realizó en Bahamas la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, instancia regional centrada en el acceso a la información, la participación pública y la protección de personas defensoras del medioambiente.
En ese espacio, representantes de organizaciones socioambientales de distintos territorios de Argentina presentaron antecedentes y testimonios sobre lo que describen como un escenario complejo para la defensa ambiental, particularmente en contextos vinculados a proyectos extractivos.
Criminalización de la protesta en Mendoza
De acuerdo con lo expuesto por delegaciones presentes, en la provincia de Mendoza existirían tensiones entre comunidades locales, autoridades y empresas, en el marco del debate sobre iniciativas mineras. En ese contexto, organizaciones señalaron que las manifestaciones ciudadanas han sido ampliamente convocantes y forman parte de los mecanismos de participación social.
Asimismo, se mencionó la existencia de procesos judiciales asociados a protestas, lo que —según los testimonios presentados— genera preocupación en torno a posibles efectos en el ejercicio del derecho a la manifestación. Estas situaciones fueron planteadas en el foro como ejemplos de desafíos para la implementación efectiva del acuerdo.
Durante la conferencia, la defensora María Urquizu también expuso sobre dificultades en el acceso a la información pública y en los mecanismos de participación en procesos ambientales, señalando casos recientes que, a su juicio, evidencian limitaciones en estos ámbitos.
Además, se abordaron preocupaciones sobre el impacto de actividades extractivas en cuencas hídricas y territorios habitados por comunidades locales e indígenas, en distintas regiones del país.
Mirada de género y participación de pueblos originarios
El encuentro también dejó en evidencia debates pendientes dentro del propio acuerdo, incluyendo la incorporación de enfoques de género y el reconocimiento explícito de pueblos indígenas y comunidades locales en los instrumentos de implementación.
En paralelo, participantes reportaron situaciones de acoso ocurridas durante el evento en Nassau, lo que motivó solicitudes para fortalecer medidas de resguardo en este tipo de instancias internacionales.
Chile y la crisis hídrica
Más allá de los debates formales, uno de los aspectos más significativos fue el intercambio de experiencias entre territorios atravesados por conflictos socioambientales. En ese contexto, la defensora chilena Bárbara Astudillo Delgado aportó una perspectiva desde la experiencia territorial, advirtiendo sobre los efectos que -según lo observado en distintas zonas de Chile- ha tenido la expansión del modelo extractivo en contextos de escasez hídrica, incluyendo presión sobre fuentes de agua, deterioro de ecosistemas y afectaciones a la vida comunitaria.
En su intervención, también relevó la importancia de avanzar en propuestas concretas en el marco del Acuerdo de Escazú, destacando la necesidad de fortalecer la colaboración entre países y organizaciones para construir una agenda común que permita llevar los principios del acuerdo a todos los territorios, promoviendo el acceso a la información, la participación y la protección de personas defensoras.
Registros de emisiones y transferencias de contaminantes
Asimismo, valoró las discusiones sobre herramientas como los registros de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), planteados en la COP como un mecanismo clave para mejorar la transparencia ambiental, facilitar el monitoreo ciudadano y fortalecer la toma de decisiones informadas. Estos sistemas públicos permiten conocer qué sustancias contaminantes se liberan, en qué cantidades y desde qué fuentes, y su implementación según experiencias internacionales puede contribuir a reducir emisiones industriales y prevenir riesgos para la salud y los ecosistemas.
Articulacion entre Argentina y Chile
En este escenario, organizaciones y comunidades de Petorca, en Chile, y de Mendoza, en Argentina, anunciaron la conformación de una articulación binacional para la defensa de los glaciares y las cuencas andinas, en el marco de un conflicto socioambiental de carácter transfronterizo. La iniciativa busca coordinar acciones, compartir evidencia territorial y activar mecanismos del Acuerdo de Escazú para fortalecer la transparencia, la participación y la protección de quienes defienden el agua.
Asimismo, informaron que impulsarán presentaciones ante relatorías de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de visibilizar los riesgos asociados a la protección de glaciares y cuencas compartidas, y solicitar seguimiento internacional sobre estos procesos. Según señalaron sus impulsores, el objetivo es incidir en las decisiones públicas que afectan estos ecosistemas estratégicos, promover estándares comunes de resguardo ambiental y evidenciar el alcance regional de una crisis hídrica que ya impacta a comunidades en ambos lados de la cordillera.
La COP4 concluyó con avances en discusión, pero también con el reconocimiento de desafíos importantes en la implementación del acuerdo, especialmente en contextos donde organizaciones sociales advierten un aumento de conflictos socioambientales.
En ese sentido, diversas delegaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer una agenda común regional que permita llevar los principios del Acuerdo de Escazú a todos los territorios, promoviendo su aplicación efectiva a nivel local, el acceso equitativo a la información y la participación vinculante de las comunidades en la toma de decisiones ambientales.
Este llamado apunta a que el acuerdo no quede circunscrito a espacios internacionales, sino que se traduzca en herramientas concretas para las comunidades, especialmente en zonas donde se concentran conflictos socioambientales.
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