Como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, Virginia Aparicio participó de una investigación que analizó 206 plaguicidas. En Argentina, el glifosato fue detectado en el 86,1% de las personas participantes y en el 100% de las muestras de materia fecal. Ella lleva más de 20 años investigando el impacto de los plaguicidas en el ambiente y las personas. Ahora enfrenta un proceso administrativo en el INTA que podría terminar con su exoneración.
Virginia Aparicio trabaja desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET. Su trabajo se concentra en estudiar qué sucede con los plaguicidas una vez que ingresan al ambiente y cómo pueden llegar a las personas.
En 2018 fue convocada a participar de una investigación internacional que luego se convirtió en SPRINT, un proyecto científico que reunió a 11 países para estudiar la exposición a plaguicidas. Argentina fue el único país sudamericano que formó parte del proyecto y Aparicio fue su coordinadora nacional.
Un proyecto para medir la presencia de plaguicidas
El proyecto comenzó en 2020 y durante 2021 se realizaron muestreos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Participaron 73 personas de Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil y zonas rurales.
La investigación analizó 206 plaguicidas y estudió a productores convencionales y agroecológicos, personas que vivían cerca de establecimientos productivos y consumidores.
Se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de analizar alimentos, polvo de los hogares, cultivos, animales, agua y suelos. También, se utilizaron pulseras capaces de registrar sustancias presentes en el aire.
Glifosato y otros plaguicidas: ¿qué encontraron?
El glifosato fue detectado en el 86,1% de las personas participantes de Argentina, frente al 35,2% de los participantes europeos. En las muestras de materia fecal argentinas, la presencia llegó al 100%.
También, se encontró clorpirifós en el 37,7% de los participantes argentinos, mientras que en el grupo europeo apareció en el 3,7%.
En el polvo de los hogares se detectaron entre 43 y 86 plaguicidas y en las pulseras utilizadas por los participantes aparecieron entre 7 y 53 sustancias.
“No es solamente el productor”
La investigación mostró que la exposición no necesariamente ocurre dentro del campo. Aparicio explicó que incluso quienes viven en zonas urbanas pueden entrar en contacto con estas sustancias a través del ambiente y remarcó que el objetivo no era “demonizar” a los productores, sino encontrar herramientas para reducir la utilización y exposición a los plaguicidas.
La segunda etapa del proyecto buscaba profundizar el análisis junto a especialistas médicos y toxicológicos para estudiar los efectos de la combinación de sustancias y pensar estrategias para reducir la exposición.
La salida de Argentina y el proceso administrativo
En 2023, una reunión virtual prevista para presentar los resultados a las personas que habían participado del estudio fue suspendida. Meses después, el INTA avanzó con la salida de Argentina del consorcio SPRINT.
Aparicio sostiene que el proyecto tenía respaldo institucional y había atravesado evaluaciones éticas, financieras y administrativas. También afirma que los fondos utilizados provenían de Europa y fueron rendidos según los procedimientos establecidos.
Después de la salida del proyecto, su situación dentro del INTA comenzó a ser revisada. A fines de 2024 se analizaron sus funciones y en febrero de 2025 fue convocada, junto con otros integrantes de su equipo, a prestar declaración.
La investigadora y su abogado rechazan las acusaciones del expediente, entre ellas el supuesto ocultamiento de información a superiores y un presunto perjuicio económico o material para el Estado.
Una exoneración que podría dejarla fuera del Estado
El proceso podría terminar con la exoneración de Aparicio de la Administración Pública Nacional. Según explicó la científica, una medida de ese tipo implicaría perder su empleo y quedar inhabilitada para trabajar en el Estado durante al menos cinco años.
“Quieren quitarme la identidad científica”, expresó al referirse lo que significaría abandonar el organismo donde desarrolló gran parte de su trayectoria.
Organizaciones gremiales y científicas, entre ellas APINTA y ATE-CONICET, manifestaron su preocupación por el caso y cuestionaron el impacto que podría tener sobre la actividad científica y la libertad de investigación.
“Quiero que los datos se usen”, planteó Aparicio. Porque detrás de esos resultados queda una pregunta central: qué ocurre con los plaguicidas después de ser utilizados y hasta dónde llega su presencia en el ambiente y en las personas.
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