El Gobierno nacional adjudicó la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado por US $340,2 millones. La empresa brinda agua potable y saneamiento cloacal a alrededor de 14 millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. La operación abre interrogantes sobre quiénes quedarán a cargo de un servicio esencial, cómo se garantizará el acceso al agua y qué controles tendrá el Estado. Entrevistas en Hilo Verde a la ex directora de Aysa, Malena Galmarini, y al periodista Jairo Straccia.
El tercer episodio de la tercera temporada de Hilo Verde, el streaming ambiental de Escritura Crónica conducido por Agustina Grasso y Mauricio Irigoyen, puso el foco en la privatización de AySA y en la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Con entrevistas al periodista económico Jairo Straccia, la ex presidenta de AySA Malena Galmarini y el investigador Ariel Ocantos, el programa analizó los intereses empresariales detrás de ambas operaciones y sus posibles consecuencias sociales y ambientales.
Aysa, Hidrovía y el negocio del agua
El consorcio que ganó la licitación está integrado por cuatro empresas: Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su oferta fue de US $340,2 millones y superó los US $285 millones presentados por el grupo encabezado por Roggio, un empresario argentino con negocios en sectores como la construcción y los servicios. La propuesta, sin embargo, quedó por debajo de los US $500 millones que se esperaba obtener por la venta.
En el programa, Jairo Straccia explicó quiénes son algunos de los actores que participan de la operación y señaló una de las principales incógnitas: quiénes están realmente detrás del dinero que financiará la compra. PHX, uno de los integrantes del consorcio, participa a través de un fondo de inversión cuyos beneficiarios finales no están claros. A esto se suma la presencia de Transclor, empresa proveedora de cloro para el tratamiento del agua de AySA, que también integra el grupo comprador.
“Hay una pregunta grande sobre los beneficiarios finales, sobre quiénes son los verdaderos dueños”, advirtió Straccia. La participación de una empresa que ya provee un insumo esencial para AySA plantea interrogantes sobre cómo se garantizarán los controles y se evitarán conflictos de intereses en la gestión privada del servicio.
La adjudicación también está atravesada por cuestionamientos judiciales vinculados con las condiciones de la concesión. Entre los puntos discutidos figuran las garantías ambientales, sanitarias y de protección a los usuarios, además del acceso a la tasación oficial de la empresa. La firma del contrato de compraventa tiene como plazo el 13 de noviembre. Para los primeros cinco años de gestión, entre 2027 y 2031, se prevén inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025.
¿Qué pasa con el acceso al agua?
La privatización no se limita a un cambio de dueños: también pone en discusión cómo se va a prestar un servicio del que dependen millones de personas. Malena Galmarini, quien estuvo al frente de AySA hasta 2024, explicó que todavía hay obras de agua y cloacas pendientes. Entre ellas está la finalización de las redes necesarias para que el Sistema Riachuelo pueda cumplir su función: tratar los efluentes cloacales antes de que lleguen a los cuerpos de agua.
“Si lo que están concesionando es un servicio tan esencial como el agua potable y el saneamiento cloacal, esencial para la vida, debería haber ahí un equilibrio más que razonable”, sostuvo Galmarini. La ex funcionaria puso el acento en la necesidad de que la búsqueda de rentabilidad no esté por encima del derecho al agua y al saneamiento.
También, cuestionó el aumento de las tarifas, que durante el Gobierno de Javier Milei subieron más del 500%, según señaló en la entrevista, y advirtió sobre el riesgo de que quienes no puedan pagar tengan dificultades para sostener el servicio. El desafío, planteó, es que la nueva concesionaria cumpla con las inversiones, mantenga la infraestructura y amplíe las redes para llegar a los barrios que todavía no cuentan con estos servicios.
Hidrovía: quién controla el río Paraná
El episodio también abordó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía navegable estratégica para el comercio exterior argentino. Por allí circula una parte central de las exportaciones del país. En julio de 2026, el Gobierno adjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul, vinculada en esta operación con la firma argentina Servimagnus.
La conexión con AySA aparece a través de dos integrantes de la familia Román que están vinculados a empresas diferentes. Walter Román participa de Rowing SA, una de las empresas del consorcio que comprará AySA. Su sobrino Leonardo Román, hijo de Ricardo Román, está vinculado a Servimagnus, la firma argentina asociada a Jan de Nul para operar la Hidrovía. Se trata de empresas y operaciones diferentes, pero la relación familiar suma un elemento para analizar quiénes participan de la gestión de recursos estratégicos y qué vínculos existen entre los actores involucrados.
¿Por qué importa quién controla la Hidrovía?
Para mantenerla navegable, se realizan tareas de dragado, que consisten en remover sedimentos del fondo del río para garantizar la profundidad necesaria para el paso de grandes buques. Estas intervenciones pueden afectar el funcionamiento del ecosistema, la biodiversidad, los humedales y a las comunidades que viven de la pesca y de otras actividades vinculadas al río.
Ariel Ocantos, asesor técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, investigador de la geopolítica del río Paraná e integrante de Taller Ecologista, explicó que uno de los problemas es la falta de controles ambientales adecuados para evaluar los efectos de estas tareas. “La discusión […] es por un modelo de gestión que tiene que ver […] con la extranjerización, la concentración económica […] y sobre todo la pérdida de soberanía del pueblo argentino”, señaló.
Aunque AySA y la Hidrovía son concesiones distintas, ambas ponen sobre la mesa una misma discusión: quién toma las decisiones sobre bienes fundamentales para la vida, la economía y el ambiente. El acceso al agua potable, el tratamiento de los residuos cloacales y el cuidado del río Paraná dependen también de las condiciones de gestión, de los controles públicos y de que el interés colectivo no quede relegado frente a los intereses privados.
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