La Hidrovía Paraná–Paraguay es la principal ruta de salida de exportaciones de Argentina: por allí circula cerca del 80% de los granos y derivados que el país vende al exterior. Para permitir el paso de grandes buques, se preven tareas de dragado, profundización y señalización del río. Ambientalistas y científicos advierten sobre los riesgos para los humedales y la biodiversidad, en medio del avance de la licitación.
Esta semana se abrieron los sobres de la nueva licitación para controlar la Hidrovía. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron ofertas para quedarse con una de las concesiones más estratégicas del país.
Pero el debate no es solamente económico. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció posibles irregularidades en el proceso, entre ellas falta de transparencia, restricciones a la competencia y cuestionamientos sobre la ausencia de evaluaciones ambientales integrales.
¿Por qué preocupa el dragado?
El dragado modifica la profundidad y dinámica natural del río para permitir el ingreso de barcos cada vez más grandes. Especialistas y organizaciones ambientales advierten que estas intervenciones pueden alterar humedales, afectar la biodiversidad, erosionar costas y cambiar el comportamiento del agua en una cuenca que ya viene golpeada por una histórica sequía.
En el Paraná, el nivel del agua condiciona la vida de pescadores, comunidades isleñas, fauna y ecosistemas enteros. Los humedales funcionan como grandes esponjas naturales: absorben excesos hídricos, regulan inundaciones y sostienen biodiversidad. Cambiar el flujo del río también puede impactar en esos equilibrios.
El rol de la Hidrovía
La Hidrovía conecta a la Argentina con Paraguay, Brasil y Bolivia, y resulta fundamental para el comercio regional. El debate también involucra cuestiones geopolíticas y económicas vinculadas al control de infraestructura estratégica.
Mientras el Gobierno sostiene que busca modernizar la logística y mejorar la competitividad, desde distintos sectores reclaman estudios ambientales acumulativos, mayor control público y participación ciudadana en una decisión que puede redefinir el futuro del río Paraná.
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