Hace un año se dió media sanción en el Senado de la Nación al proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso. Actualmente, sigue sin haber avances. Por eso, queremos contarte por qué es tan necesaria una ley para el tratamiento de los neumáticos en desuso.
Según el informe de la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR), conformada por más de 100 investigadores y miembros de extensión de universidades de Argentina, se estima que se desechan entre 130.000 y las 150.000 toneladas de neumáticos fuera de uso en el país, cada año.
Los neumáticos tienen materiales que pueden recuperarse, como lo son el caucho (natural o sintético), el acero, textiles y otros metales. Por eso, deben existir políticas que traten su descarte y su correcta recuperación.
Marco normativo
En la Argentina, existen algunas leyes vigentes en las que podría enmarcarse el tratamiento de los neumáticos fuera de uso. Se puede contar con el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25675/02, la Ley N° 25916/04 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios, la Resolución N° 544/94 (sobre Residuos Peligrosos) y la Resolución E N° 522/16 (sobre Residuos Especiales de Generación Universal, REGU).
Lo que sucede con estas normativas es que son muy generales y no tratan específicamente estos residuos. Mariana Saidón, doctora en Ciencias Económicas de la UBA y Magíster en Economía por la Universidad de San Andrés, en diálogo con Escritura Crónica, nos cuenta por qué es necesario que exista otro tipo de ley más específica sobre el tema.
“No hay marco normativo específico para los neumáticos a nivel nacional. Es importante que haya leyes a nivel nacional de presupuestos mínimos, que quiere decir un piso que se debe cumplir en todo el país en materia ambiental en el tema especifico, en este caso es la cuestión de los neumáticos fuera de uso“, aclara la especialista en temas ambientales, con foco en residuos sólidos urbanos.
Saidón, investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), además agrega que la normativa existente no es de responsabilidad extendida. ¿Qué significa esto? Que quienes introducen hoy en día los neumáticos en el mercado- los productores e importadores de neumáticos y las automotrices- deben ser los responsables de pagar el costo ambiental que se genera con el uso y el posterior descarte de lo que ellos mismos ingresan al mercado.
Empresas más contaminantes
Actualmente, según el informe de la RIAR, son siete empresas las que ocupan la mayor parte del mercado argentino y tres de ellas producen dentro del país: Fate (nacional), Pirelli y Bridgestone-Firestone.
“Tanto los productores de neumáticos, como las automotrices, son las que deciden qué tipo de neumático introducir en el mercado: si es uno que incluye materiales reciclables, si es más fácil de tratar o no“, acota Mariana. “Están generando un costo externo que no lo internalizan, que no pagan por esto, entonces la idea de esta ley de responsabilidad extendida del productor es hacer que estos productores incorporen como un costo más el impacto de los residuos que va a generar el neumático una vez que se deja de usar. Esto a lo que lleva es a que o paguen por gestionar bien esos residuos o eviten el impacto ambiental“.
Claves del proyecto de ley de neumáticos
El proyecto tiene media sanción en el Senado, fue evaluado por la Comisión de Ambiente en Diputados y fue aceptado. Resta que sea aprobado por la cámara de diputados.
Los principios básicos que plantea la ley son:
– Los productores serán responsables de pagar el costo ambiental que los neumáticos introducidos al mercado por ellos mismos generen.
– La trazabilidad: es qué sucede con el neumático desde que se produce y diseña hasta de descarta y se convierte en residuo. En palabras de Mariana: “la idea es poder identificar todo el circuito que hace y asignar responsabilidades a los eslabones, a los actores que intervienen en estas etapas”.
Prioridades del proceso
Esto se relaciona con lo que se plantea desde el informe de la RIAR como el paradigma de economía circular, en la que las prioridades durante el proceso son:
1) Recapado: Según explican desde Unigoma, empresa de renovación de neumáticos, el ahorro puede llegar al 60 por ciento frente al costo del neumático nuevo. Esto por supuesto debe ser acorde a las normativas vigentes, que en Argentina se obliga a las plantas de recapado a estar certificadas por el INTI (Ley de Tránsito 24.449, Decreto 32/2018, artículo 29).
2) Recuperación a través de trituración mecánica, que es fundamental para reducir el volumen de lo que se va a transportar y facilita la recuperación de los materiales reciclables.
3) Habilitar la termovalorización: consiste en descomponer los residuos inorgánicos a través del calor.
4) La disposición final: Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir los neumáticos en desuso para su posterior tratamiento.
– Se prohíbe la importación de neumáticos fuera de uso, el descarte de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios y cualquier proceso de eliminación no previsto en esta ley.
– Articulación entre lo privado y lo estatal: la gestión de los residuos es competencia de los municipios y como explica Mariana “los municipios no están pudiendo gestionar los neumáticos porque es muy caro trasladarlos desde el municipio hasta una planta de reciclado, entonces quedan acopiados”. Y agrega que “si se pudiera articular la gestión de los municipios que ya tienen planta para gestionar otros residuos y atribuirles a los otros municipios la potestad de acopiar, recibir los neumáticos, triturarlos, reduciendo el costo de transporte y después se pasa a la otra instancia de responsabilidad de las empresas, sería como proponemos nosotros, un sistema más eficiente y menos costoso e inclusivo”.
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