La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen de promoción para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones. Mientras el Gobierno sostiene que atraerá industrias de inteligencia artificial y centros de datos, organizaciones ambientales alertan que el proyecto podría profundizar el extractivismo y comprometer uno de los recursos más estratégicos del futuro: el agua.
La Cámara de Diputados, con 130 votos afirmativos y 106 negativos, dio media sanción al llamado “Súper RIGI”, un nuevo régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei para atraer mega inversiones de más de 1.000 millones de dólares, otorgando beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios durante hasta 30 años. Ahora el proyecto deberá ser debatido en el Senado.
Desde el oficialismo aseguran que la iniciativa permitirá atraer inversiones, generar empleo y aumentar las exportaciones. Pero organizaciones ambientales, científicos y diversos sectores sociales advierten que detrás de las promesas de crecimiento económico podría profundizarse un modelo extractivista con fuertes impactos sobre los bienes comunes naturales.
¿Por qué preocupa el agua?
«Los grandes centros de datos para inteligencia artificial requieren enormes cantidades de agua y energía para funcionar. Sin embargo, el proyecto prioriza la llegada de inversiones sin abrir una discusión seria sobre sus impactos territoriales, ambientales y sociales, ni sobre quién gana y quién pierde cuando el agua falte», advirtieron desde Abogades Ambientalistas.
La experiencia de distintos emprendimientos extractivos en Argentina y América Latina muestra que estas actividades pueden afectar cuencas, glaciares, humedales y acuíferos, poniendo en riesgo el acceso al agua de comunidades enteras. Sumado a eso, las organizaciones sostienen que no se revén mecanismos claros para proteger las necesidades futuras de las comunidades y los ecosistemas.
¿Qué es el Súper RIGI?
Las empresas que ingresen al régimen accederán a beneficios extraordinarios durante hasta 30 años. Entre ellos se incluyen:
- reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%;
- arancel cero para importar maquinaria, insumos y tecnología;
- retenciones cero para exportar;
- estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria durante tres décadas;
- límite del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas;
- prohibición de nuevas tasas municipales sobre las actividades alcanzadas.
Además, el proyecto elimina uno de los requisitos que sí contemplaba el RIGI original: la obligación de contratar proveedores locales cuando existiera oferta competitiva.
El costo ambiental
Para la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el debate excede ampliamente los incentivos fiscales. «El debate sobre el Súper RIGI no es un debate económico. Es un debate sobre quién controla nuestros bienes comunes y quién se beneficia de ellos», señalaron desde la organización.
«La transición tecnológica no puede construirse sobre la entrega de agua, energía, territorios y soberanía para beneficiar a un puñado de corporaciones. Argentina necesita discutir qué modelo tecnológico quiere desarrollar y bajo qué reglas.»
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