“Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos”, decía Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. En Jujuy y Catamarca, las dos provincias donde se explota litio en Argentina, más del 40% de los habitantes son pobres. Mientras tanto, bajo la máscara de la transición energética, el país seduce a las mineras con regulaciones favorables: concentración de empresas, falsa transición energética y falta de transparencia en la explotación de litio en Argentina
Por Natalí Risso*
El triángulo del litio
Hay datos que se repiten cual mantra al hablar de litio: que es uno de los minerales fundamentales para la transición energética; que su demanda aumentará 42 veces hacia 2040; que el 62% de los recursos conocidos a nivel mundial se concentran en el “triángulo del litio” conformado por Argentina, Bolivia y Chile.
El litio en Bolivia y Chile está nacionalizado. En los países vecinos, las naciones se quedan con regalías. Y hay condicionamientos fuertes hacia las empresas. En nuestro país “los recursos naturales” como el litio le corresponden a las provincias. En Jujuy, recientemente se cambió la constitución para no permitir el derecho a la protesta y no se respetó el pedido de los pueblos de no querer ser territorio de sacrificio de las empresas nacionales como extranjeras. Esto demuestra falta de transparencia en la explotación del litio en Argentina.
Del salar a los autos eléctricos
Son poco conocidos los nombres y el modo de operar de las empresas que participan en su cadena de valor, que tiene cuatro eslabones.
Apenas siete empresas concentran el 80% del mercado mundial de extracción de litio, el primer eslabón. “Al mirar este escenario de siete empresas extractoras, aparece la idea de oligopolio. Es decir, pocas firmas controlando el mercado”, explica el economista Ariel Slipak, coordinador del área de investigaciones de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Pero, en realidad, es mucho peor. Son las automotrices como Tesla, las chinas ByD, SAIC, Great Wall Motors, Xpeng, NIO, Geely, la japonesa Toyota, Volkswagen y BMW las que verdaderamente controlan la cadena a través de la integración vertical con un pequeño universo de empresas productoras de baterías”.
En 2023, las ventas de este tipo de vehículos fueron un 35% mayores que en el año anterior. Un detalle no menor: estos vehículos se consumen, sobre todo, en China (59% de las ventas se concentran allí), Europa (25%) y Estados Unidos (12%). En los “otros países” —categoría en la que entran los de América del Sur, donde se pagan los costos socioambientales de la extracción—, la demanda es marginal: menos del 5%.
Las firmas que manejan la cadena del litio no sólo se disputan recursos, sino también saberes. La tecnología que cada empresa vaya a utilizar requerirá de distinto tipo de materias primas y, por tanto, determinará el conflicto que deberá afrontar en los países de extracción. “Podemos tener distintas discusiones sobre la soberanía y el cuidado de los recursos estratégicos, pero la técnica de extracción de litio no la deciden los gobiernos de los países que tienen los recursos: la deciden las empresas y los grandes laboratorios”, sentencia Slipak.
Argentina: floja de papeles
Por el marco legal vigente, en Argentina, las firmas tienen la posibilidad de explorar territorios con enormes beneficios fiscales, que son un imán para las inversiones extranjeras. Actualmente, el país cuenta con tres proyectos de litio en producción y otros 50 en cartera, algunos más avanzados en etapa de construcción, otros aún en la fase de prospección.
“Me llamó Elon Musk (CEO de Tesla y X). Está sumamente interesado en el litio, y también lo está el gobierno y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”. Todavía no se había cumplido un mes de su asunción como presidente de Argentina, y Javier Milei ya estaba hablando en la televisión con quién iba a hacer negocios con el litio argentino. Las perspectivas para el sector privado solo parecen ser positivas.
El derecho a la información
Las mineras son foco de atención. No sólo por la actividad extractiva de recursos naturales en sí, sino también por las prácticas de las que se valen para desarrollarla —por ejemplo, evadiendo impuestos, como evidencia el caso de Livent – ahora Arcadium Lithium– , que tiene una causa en Argentina por haber subfacturado exportaciones en 2018 y 2019—. Muchas de estas empresas terminan, incluso, teniendo un mayor poder que los gobiernos locales en donde operan y logran sortear (o influir en la modificación de) aspectos legales, socioambientales y tributarios.
Tanto es así que, a nivel mundial, existen múltiples iniciativas para aportar transparencia a la actividad y fortalecer su gobernanza. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y Publiquen lo que pagan se incluyen entre ellas. De estos reportes se valieron, entre otros insumos, la red de periodismo de investigación Ruido y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) para investigar cómo operan dos de los tres proyectos activos en Argentina:
Proyectos activos en Argentina
- Fénix es el proyecto pionero. Opera a través de la ex Livent en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, desde 1997. Produce cloruro y carbonato de litio.
- Sales de Jujuy, por su parte, explota desde 2015 el Salar de Olaroz, ubicado en el departamento jujeño de Susques. Es un multifirma conformada por la ex Allkem (66,5%), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la estatal JEMSE (8,5%, participación que le corresponde por ley provincial). Produce carbonato de litio grado técnico, utilizado en la industria del vidrio y la cerámica, pero también grado batería.
El acceso a la información es uno de los puntos básicos al momento de investigar proyectos de inversión. En Argentina, la exploración y explotación de litio se hace bajo la forma de una concesión minera que otorga derechos de propiedad sobre una zona por un tiempo determinado a cambio de regalías o impuestos, a cargo de cada provincia, que son las propietarias de los suelos y recursos naturales en su territorio de acuerdo a la Constitución Nacional de 1993. Y, si bien los contratos estatales con privados deberían ser de acceso público, este no siempre es el caso.
No todo lo que brilla es litio
La transición energética es prioridad, al menos en teoría, en todo el mundo. Apunta a cambiar progresivamente los modelos de producción, distribución y consumo de energía hacia patrones más limpios, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático (principalmente derivados de la quema de combustibles fósiles). Es también el discurso que utilizan las grandes empresas para justificar su accionar extractivo.
En Jujuy y Catamarca, las dos provincias donde se explota litio en Argentina, más del 40% de los habitantes son pobres. Mientras tanto, el país seduce a las mineras con regulaciones favorables, como regalías bajas y estabilidad fiscal. Y Eduardo Galeano pareciera retrucar: “Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos” (en Las venas abiertas de América Latina). Bajo la máscara de la transición energética, no hay conversación sobre el desarrollo económico de Argentina en la que el litio no sea mencionado, pero la forma en que pueda impactar depende, en gran parte, de contar con información para tomar decisiones.
Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Periodistas por el Planeta
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