Hoy, en el Día Mundial contra la Megaminería, te contamos qué está sucediendo en Andalgalá. Una enviada especial de Escritura Crónica estuvo en Catamarca, hace pocos días. Y confirmó que el gobierno de esa provincia regala el agua: un documento de la Dirección de Gestión Ambiental Minera de Catamarca (DIPGAM) afirmaría que la Justicia catamarqueña autorizó a las mineras a utilizar 20.000 litros de agua del Río Minas por día, durante un año por $3650 pesos.
“Es una zona inhóspita. Si acá está frío, allá lo está el doble. Si hay sol, no tenemos reparo más que el que nosotros hagamos. Es un lugar en el que el viento te choca y te lleva porque no hay algo, como un árbol, que lo detenga. La montaña es enemiga y, a la vez, nuestra amiga”, dijo Ximena Sinchicay sobre su experiencia, casi diaria, de acampar en el cerro los Nevados del Aconquija, cerca de 3500 metros de altura, en Catamarca, para tratar de impedirles, junto con un grupo de vecinos, el paso a las máquinas que pretenden destruir el cerro con megaminería a cielo abierto.
El pueblo de Andalgalá lleva más de 20 años manifestándose pacíficamente en las calles y en los papeles contra este tipo de extractivismo porque no quiere beber agua contaminada o, directamente, quedarse sin ella. El proyecto que quiere instalarse para extraer minerales del cerro es MARA, fusión entre las mineras Agua Rica y Alumbrera, compuesto por empresas transnacionales.
¿Qué es el proyecto MARA? MARA es un proyecto que ya lleva más de un año de “exploración avanzada”. Esto quiere decir que se está llevando adelante la perforación de once pozos en el cerro Nevados del Aconquija (Andalgalá), durante un año, para evaluar si su actividad es «viable». Actividad aprobada por el gobierno provincial.
Megaminería en Catamarca: se regala el agua
Para esto, según una resolución de la Dirección de Gestión Ambiental Minera de Catamarca (DIPGAM), el gobierno catamarqueño autorizó a las mineras a utilizar 20.000 litros de agua del Río Minas por día, durante un año. Y para toda esa cantidad de agua solo debió pagar un canon minero de $3650 pesos, según los informes oficiales a los que pudo acceder esta periodista. Sin embargo, sin la debida consulta popular ni nuevos informes de impacto ambiental, el Poder Judicial sigue extendiendo estos permisos de extracción y más perforaciones.
Los antecedentes marcan una muerte anunciada: Alumbrera, la minera más grande del país que funcionó durante 20 años y la que dará su infraestructura para el tratamiento y traslado de los minerales, no solo tiene decenas de causas en su contra, sino que también la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) determinó que contaminó el agua con metales pesados.
¿Por qué el Día Contra la Megaminería?
El 22 de julio es el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto. La fecha es celebrada en países de toda América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. Surge por una propuesta impulsada en 2009 por activistas mexicanos y canadienses, luego de que el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier haya ganado un enfrentamiento legal en la defensa del Valle de San Luis Potosí y en contra de la destrucción del Cerro de San Pedro.
En Catamarca, los vecinos y vecinas, a pesar de las reiteradas represiones, lograron una ordenanza que prohíbe la megaminería en el municipio de Andalgalá y hasta la CSJN sentenció una medida cautelar para frenar esta actividad por su impacto ambiental. Sin embargo, los vericuetos legales continúan y siguen retrasando el cumplimiento de distintas leyes, como la Ley de Glaciares, ya que el yacimiento pretenden hacerlo en una zona periglaciar.
“Nos reprimen cada 15 días”
Ximena Sinchicay es choyana, es madre y tiene 25 años, pero nada la detiene ni la baja del cerro. “No es una lucha solo para mí o una lucha interna, es más que simplemente estar acampando, estoy acá por mi hijo, por mi madre, por mi padre, por mis hermanas”, dijo a EC.
Tanto para ir como para volver del acampe, se necesitan 3 horas en vehículo por la dificultad del camino. Esta vecina llegó a estar más de una semana en el campamento donde no hay señal. Solo dos mujeres son las que suben junto con un grupo de hombres. “Creo que estar acá es diferente que estar en una ciudad, como que ya sabés quién es quién. Arriba es complicado por la falta de intimidad. Hay que aprender a convivir porque no es que tenés una carpa solo para vos. El respeto de los varones está porque son gente del pueblo y te respetan por el simple hecho de ser mujer”, aseguró.
“Nos reprimen cada 15 días y soy la única que cubre prensa allá arriba. Saco fotos, grabo y eso es una amenaza entonces los policías son muy agresivos conmigo. Hace poco me quitaron el teléfono y comunicar nada de una represión. Me lo quitó el fiscal porque supuestamente había golpeado un camión, pero no fue así, yo tenía todas las pruebas en el celular que yo no había golpeado porque estaba grabando”, contó.
El polémico fiscal Camps
En este punto, uno de los abogados de los vecinos, Juan Figueroa, dijo a EC que este hecho fue “gravísimo”: “Fue un claro abuso de autoridad por parte del fiscal Martín Camps, ya que es completamente ilegal. El abogado Yiyo Galíndez fue a la fiscalía y no le dieron respuestas, no elaboraron ningún tipo de expediente”.
Además, Figueroa detalló que el fiscal Camps fue “puesto a dedo por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, ya que para cubrir ese puesto no participó del concurso correspondiente, sino que fue elegido directamente por el funcionario“.
Figueroa explicó que desde abril “se ha iniciado una persecución judicial muy grande, una criminalización de la protesta en la cual se han iniciado pequeñas causas calificadas por delitos menores como sería desobediencia judicial, amenaza simple o entorpecimiento del tránsito por las protestas sociales que están llevando adelante los vecinos y vecinas, para restringirles y limitar esa libertad para protestar”. Y resumió: “Desde febrero, Camps ha iniciado 7 procesos penales y ya ha imputado a más de 27 personas en este tipo de delitos”.
“¿Por qué me tengo que ir (del pueblo)? Yo voy a resistir. Hasta que no bajen las máquinas, no vamos a bajar los brazos. con máquinas también como para que me no vamos a bajar los brazos”, concluyó Ximena.
Acompañar, siempre acompañar
El fin de semana pasado una delegación plurinacional y federal conformada con integrantes de organizaciones de derechos humanos, socioambientales, de abogadxs, de comunicación y prensa -entre los que se encontraba este medio-, de comunidades originarias y autoconvocades visitó a los pueblos de Andalgalá y Choya (departamento de Andalgalá) para acompañar a los vecinos con sus reclamos.
“Andalgalá escucha, tu lucha es nuestra lucha” fue uno de los cánticos que acompañó la caminata número 650 a favor de la vida y en contra de la megaminería, en la plaza central de Andalgalá.
Integrantes históricos de la Asamblea El Algarrobo se mostraban alegres y fuertes, como Rosita Farías, vecina defensora del agua, que, aunque ya no haga las rondas, sigue leal cada sábado compartiendo su sonrisa y cariño.
Megaminería en Catamarca: 650 caminatas
Por su parte, el abogado Marcos Filardi, parte de la delegación, dijo a Escritura Crónica: “Quisimos hacer esta caravana de la dignidad para venir a abrazar al pueblo de Andalgalá en su lucha histórica, ni más ni menos que por el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, el derecho a vivir en un ambiente saludable y, por eso, desde el colectivo de Derechos Humanos Yopoi que tenemos el honor de acompañar el reclamo en el plano internacional y desde la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria quisimos estar en estas 650 caminatas por la vida”.
Julieta Itzcovich, activista de Extinción o Rebelión (XR) y residente en Buenos Aires, en contacto con este medio, sumó desde Catamarca: “Es importante preservar la salud la salud humana, la salud de los territorios, de todos los cuerpos y que se sumen más personas a la lucha. Es muy importante que sigamos viniendo, que sigamos acompañando en los territorios”.
El lunes 18, último día del viaje, en conferencia de prensa, la coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Ana Almada dijo: “Queremos hacer una denuncia pública a la violación de los derechos humanos que el estado hace a través de las empresas que quieren llevarse nuestros recursos naturales”. Durante esos días, ese organismo estuvo recopilando testimonios para hacer a futuro una denuncia formal.
