La finalidad de este reclamo- en forma de acampe– era la prórroga de Ley 26160 de Emergencia Territorial. Esta ley impide los desalojos y reconoce la posesión originaria de tierras, que se obtuvo por decreto presidencial. Pero no por un dictamen de la Cámara de Diputados, como se pedía. Hay provincias donde el decreto está judicializado y no se respeta la posesión de las tierras por parte de las comunidades indígenas.
El acampe Indígena frente al Congreso Nacional, que duró más de 60 días, tuvo la representación de más de dos mil comunidades preexistentes y 40 pueblos originarios, terminó el jueves pasado. La finalidad de este reclamo era la prórroga de Ley 26160 de Emergencia Territorial, conocida como “la ley de propiedad comunitaria y reparación histórica”.
La ley 26160 de Emergencia Territorial, es de 2006 y obliga al Estado –a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– a realizar un relevamiento territorial de cada comunidad en coordinación con los gobiernos locales. Además, impide los desalojos y reconoce la posesión originaria de tierras. Pero se pedía su prórroga por parte de la Cámara de Diputados, hecho que aún no sucedió. La prórroga fue concedida por un decreto de necesidad y urgencia, dictada por el presidente Alberto Fernández, en noviembre pasado.
Pero la emergencia actual para las comunidades indígenas es la inmediata aprobación de otra legislación con la que el Estado reconozca de manera definitiva los territorios comunitarios para esta población. Se precisa una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que garantice no solo la posesión, sino la propiedad y titularidad.
Además, el peligro por los desalojos siguen latente ya que el decreto está judicializado en algunas provincias, como sucede en Salta.
Acampe, abrazos simbólicos y marchas: protección de los territorios
Según Laki Quispe de TeleSISA, durante el receso de las Cámaras en el Congreso de la Nación, las comunidades indígenas vuelven a sus territorios por este periodo. Pero se mantienen en actividad asamblearia para decidir próximas acciones.
Durante estos sesenta días hubo marchas, talleres, asambleas, charlas, se han presentado notas a diputados y diputadas. También hubo abrazos simbólicos al Congreso.
“Hemos vivido muchas situaciones durante este transcurso, desde venir desde una distancia alejada del territorio. Algunos de más de dos mil quilómetros de distancia, llegaron a la gran ciudad con una expectativa de lograr el objetivo de una ley de emergencia 26160, ya que es una ley muy votada en democracia. Desde el 2006, 2009, 2013, 2017 y ahora 2021 se ha aprobado en la cámara de senadores solamente, falta la cámara de diputados”, recordó Néstor Jerez, del Pueblo Ocloya.
“Nosotros queremos seguir viniendo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos todos los logros que tengamos que obtener, uno de ellos es la ley, la 26160; el DNU no alcanza, perdón pero el decreto este, que decretó el presidente no es lo que los pueblos quieren, y es algo muy endeble pende de un hilo la protección de los territorios”, señaló Juan Esteche referente de BFS.
Relevamiento de las comunidades
Carlos Salamanca, investigador del Conicet, explica en su libro Salir de la emergencia (CEI – UNR) que “15 años después de sancionada la ley, todavía falta relevar más de la mitad del total de comunidades indígenas. Y mientras tanto, sobre muchos territorios se ciernen amenazas de desalojos y expulsiones, bajo la presión de un modelo extractivista que prioriza el agronegocio y el monocultivo”.
El periodista Luis Bastus explica que “desde la sanción de la Ley en 2006 se ha relevado sólo el 42% de las comunidades. Es pertinente considerar además que cuando se sancionó la legislación había menos de mil comunidades registradas. Y que hoy son 1.756, de las cuales 703 ya han sido relevadas, con resolución administrativa. Santa Fe es una de las pocas provincias junto con Salta, Chaco, Misiones y Jujuy, que mantiene un convenio con el INAI para avanzar en el relevamiento de comunidades”
Fotos: Jaqueline Orion, Johana Arce y Laki Quispe
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