Luego de una nueva movilización por la Segunda Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, el presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 879/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Ayer se llevó adelante la Segunda Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldada por sindicatos docentes y no docentes como la CONADU y la FEDUN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT, las dos CTA, la UTEP, y diversos movimientos sociales y organismos de derechos humanos. La movilización se llevó a cabo un día antes de que el presidente Javier Milei tuviera plazo para vetar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado con 57 votos a favor.
Objetivos de la marcha y contexto educativo
La ley, que tenía como objetivo asegurar un aumento presupuestario para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades públicas y la actualización salarial de docentes y no docentes, se convierte en un tema crucial en el actual escenario económico. Los trabajadores de la educación han sufrido una pérdida del 50% de su poder adquisitivo en los últimos meses debido a la inflación, lo que ha generado un clima de descontento en el sector. De acuerdo con estadísticas recientes, más del 85% de los docentes universitarios y más del 60% de los trabajadores no docentes están por debajo de la línea de pobreza, una situación alarmante que se agrava con el aumento constante del costo de vida.
El presupuesto asignado para ciencia y tecnología sigue sin actualizarse, y el presupuesto proyectado para 2025 solo cubre el 50% de lo necesario. Los organizadores de la marcha advirtieron que esta política de asfixia presupuestaria podría conducir a un eventual arancelamiento de las universidades, afectando a aproximadamente dos millones de estudiantes en todo el país. Este contexto de crisis educativa y salarial se convierte en un eje central de la movilización.
Demandas clave de los manifestantes
Las principales demandas de los manifestantes incluyen:
- Salarios dignos: Los docentes y no docentes universitarios exigen una recomposición salarial urgente. Más de 200 mil docentes y 50 mil no docentes han visto cómo sus sueldos han quedado por debajo de la línea de pobreza. Las organizaciones sindicales argumentan que es insostenible que quienes educan a las futuras generaciones vivan en condiciones precarias.
- Presupuesto adecuado: El desfinanciamiento de las universidades públicas pone en riesgo el acceso a una educación gratuita y de calidad. Con un presupuesto para 2025 que solo asigna el 50% de los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, la comunidad educativa se ve en la necesidad de luchar por una revalorización de la educación superior.
- No al arancelamiento: Los estudiantes y trabajadores advierten que la falta de financiamiento puede llevar a un sistema de arancelamiento, lo cual afectaría directamente a dos millones de estudiantes y limitaría el acceso a la educación superior.
- Ciencia y tecnología: La falta de actualización en las becas y el presupuesto destinado a ciencia y tecnología compromete el desarrollo del sistema científico argentino, un área clave para el progreso y la innovación del país.
El gobierno vetó la ley de financiamiento universitario tras la marcha
A pesar de la masiva movilización, el presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 879/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El gobierno justificó el veto argumentando que la ley «viola el marco jurídico vigente» al no especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los nuevos gastos. El presidente Milei, a través de un comunicado en la red social X, calificó la ley como “populista e irresponsable”, alegando que no se justifica el aumento del gasto público sin una partida presupuestaria específica.
El decreto menciona que el proyecto, aprobado por el Congreso el 12 de septiembre, no detalla de dónde provendrán los recursos para financiar el aumento del presupuesto universitario, lo que contradice el artículo 38 de la Ley N° 24.156. Además, señala que todo proyecto que implique gastos debe justificar las erogaciones y señalar su fuente de financiamiento antes de ser discutido, según lo estipulado en el reglamento del Senado.
Resistencia y figuras políticas presentes
La marcha se convirtió en un símbolo de resistencia, contando con la presencia de importantes figuras políticas como Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, quienes se unieron al rechazo del veto. En su intervención, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, subrayó la importancia de la universidad pública para la democracia y el desarrollo social, afirmando: «No permitiremos que destruyan lo que tanto esfuerzo nos costó construir».
Durante la movilización, los asistentes también expresaron su rechazo a la campaña de desprestigio gubernamental contra el sistema universitario y denunciaron la caída de los salarios del personal docente y no docente. Además, destacaron el deterioro del sistema científico y las condiciones de vida de los estudiantes, que se han vuelto insostenibles en el actual contexto económico.
¿Cómo afecta la crisis universitaria al ambiente?
En Hilo Verde, nos preguntamos ¿por qué el fortalecimiento de las universidades es esencial para el desarrollo de la investigación científica y su impacto en el medio ambiente? Y cómo afecta el corte presupuestario en de la ciencia para el ambiente. Para ello, hablamos con Florencia Lampreabe, secretaria de Ambiente de Hurlingham y ex diputada nacional. También con Matías Blausten, investigador del CONICET, quien investiga los efectos de los herbicidas en la salud humana.
Conclusión
La Segunda Marcha Federal Universitaria ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis educativa y la urgencia de una respuesta por parte del gobierno. La comunidad educativa ha dejado en claro que no cederá ante el veto presidencial y promete continuar movilizándose en defensa de una educación pública y de calidad para todos.
Con un futuro incierto y un presupuesto educativo en debate, la lucha por los derechos de los trabajadores y estudiantes de la educación superior se convierte en una de las prioridades en la agenda social del país. «Si la educación pública se debilita, se pone en riesgo el futuro de todo el país», concluyeron los organizadores, reafirmando su compromiso con la defensa de un sistema educativo que garantice igualdad de oportunidades para todos.
