La alarma se encendió en las calles, cuando el Gobierno nacional presentó una reforma de la Ley Nº 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La misma ingresó al Senado y obtuvo dictamen en comisiones. Pero como no se obtienen los votos necesarios para su tratamiento inmediato, se pasó para febrero de 2026. La iniciativa generó un fuerte rechazo de especialistas, organizaciones socioambientales y científicas, que advirtieron que el proyecto pone en riesgo el agua y debilita una norma clave de protección ambiental.
«El agua vale más que todo». Un mensaje que se repite tanto en las calles, como en las redes sociales. «Sin glaciares no hay agua. Y sin agua, no hay vida».
Todo surgió a raíz de la presentación por parte del Gobierno nacional de un proyecto de modificación de la Ley N.º 26.639, conocida como Ley Nacional de Glaciares. Ante el avance del mismo, organizaciones socioambientales convocaron a distintas acciones públicas. La más próxima será el lunes 22 de diciembre, desde las 17 horas. Se trata de una intervención artística en Plaza Congreso, donde se propone construir colectivamente un glaciar frente al Congreso Nacional como forma de expresar el rechazo a la reforma de la ley.
La actividad estará acompañada por música y se convoca a asistir con ropa azul, celeste o blanca. El objetivo es visibilizar el valor del agua y de los glaciares como bienes comunes y llevar el reclamo ciudadano al centro del debate político.
Referentes ambientales al Senado
Esta semana, además, se desarrolló el Plenario de Comisiones del Senado, donde referentes del derecho ambiental, la ciencia y la sociedad civil coincidieron en que la propuesta no es una actualización técnica, sino un intento de vaciar los presupuestos mínimos que hoy protegen glaciares y ambiente periglacial, es decir, una de las principales reservas de agua del país.
Tras ese intercambio, se firmó el dictamen para avanzar con la adecuación de la ley, pero el oficialismo no consiguió los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto, por lo que el tratamiento quedó postergado para febrero, cuando se prevé que vuelva a debatirse durante las sesiones extraordinarias.
Durante su exposición, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, fue contundente:
“Las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Ley de Glaciares
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe actividades como la megaminería y la explotación hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares por el daño irreversible que generan. La reforma impulsada por el Ejecutivo va en sentido contrario y habilita cambios que abren la puerta al avance de actividades extractivas en territorios hasta ahora protegidos.
En un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico, organizaciones ambientales advierten que modificar esta ley implica poner en riesgo el acceso al agua de millones de personas.
Qué cambia con el proyecto de reforma
Uno de los puntos centrales del proyecto es que los glaciares dejarían de estar protegidos de manera automática. Con la nueva redacción, sólo quedarían bajo protección aquellos que una autoridad provincial considere “relevantes” por su función hídrica. Esto significa que, mediante una decisión administrativa, un glaciar podría quedar fuera de la ley y ser habilitado para actividades extractivas.
Durante el debate en comisiones, Andrés Nápoli, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, explicó por qué este criterio es problemático:
«Este proyecto de ley intenta avanzar sobre los glaciares, planteando que tienen como única función la recarga de los acuíferos o las fuentes de agua. Los glaciares tienen muchas otras funciones: funciones ecosistémicas, climáticas, de preservación de la biodiversidad. No se puede enfocar y catalogar a un glaciar porque provee más o menos agua, siendo eso muy importante».
Reducir el valor de los glaciares a cuánta agua aportan implica desconocer su rol en la regulación del clima, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de montaña.
El ambiente periglacial también queda desprotegido
Otro cambio clave es que la reforma elimina la prohibición expresa de realizar minería en el ambiente periglacial. Estas zonas no siempre tienen grandes masas de hielo visibles, pero cumplen una función central: almacenan agua congelada en suelos y rocas y regulan el caudal de ríos y cuencas.
La ley actual reconoce que glaciares y periglaciares forman un sistema único. Si se interviene uno, el daño alcanza al otro. Desproteger el ambiente periglacial es, en los hechos, permitir la destrucción de los glaciares.
Las consecuencias no son abstractas. Agustina Rossi, de Greenpeace, lo expresó con un dato concreto:
«El 20% de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial. En años de sequía puede llegar al 50%. Más de 1800 localidades dependen de manera directa del agua de deshielo de glaciares y ambiente periglacial».
Un falso federalismo que pone en riesgo las cuencas
El Gobierno justifica la reforma en nombre del federalismo, al proponer que sean las provincias las que decidan qué glaciares proteger y cuáles no. Sin embargo, especialistas advierten que esto debilita la protección del agua en lugar de fortalecerla.
Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Lo que sucede en la parte alta de una cuenca impacta directamente en las comunidades que viven aguas abajo. Por eso, la ley vigente establece presupuestos mínimos nacionales, un piso común de protección para todo el país.
Delegar estas decisiones en cada provincia abre la puerta a que compitan entre sí para flexibilizar normas y atraer inversiones extractivas, sin considerar el impacto ambiental y social.
Un retroceso ambiental y jurídico
La reforma viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú, que impide reducir niveles de protección ya alcanzados. En lugar de fortalecer la ley frente al avance del cambio climático, el proyecto busca debilitar la única norma que limita la megaminería en las nacientes de los ríos.
En este contexto, Enrique Viale fue contundente:
«Vamos a sacrificar los glaciares -que tienen miles de años, que nos dan agua para la vida, el trabajo y la agricultura, que dan vida y trabajo a gran parte de los ríos que nutren a nuestro país- para las mineras Lundin Mining, BHP, Glencore, Río Tinto y Barrick Gold».
Una vez destruido un glaciar, el daño es irreversible. No hay forma de recuperarlo.
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