La Corte cierra su intervención en el caso “Mendoza”, dejando la responsabilidad a la ACUMAR, en medio de un contexto de recorte de fondos, falta de financiamiento y suspensión de las obras.
El 22 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió retirarse del seguimiento del Caso “Mendoza”, la emblemática causa judicial que buscaba la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Según la Corte, su objetivo institucional está cumplido al haberse creado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la ACUMAR, organismo encargado de la implementación. Sin embargo, a 18 años de su creación, las obras de saneamiento presentan serios retrasos, lo que plantea dudas sobre el futuro ambiental de la cuenca y la calidad de vida de sus habitante
La Corte Suprema cerró la Causa del saneamiento del Riachuelo
En 2004, un grupo de vecinos de Villa Inflamable, entre ellos Beatriz Mendoza, junto a trabajadores y organizaciones civiles, presentó una demanda ante la Corte Suprema exigiendo la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Este caso, conocido como “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, demandaba al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas de la zona.
La demanda solicitaba la reparación de daños individuales, remitidos a juzgados de primera instancia, y la recomposición del medio ambiente, que quedó en manos de la Corte. Este proceso tuvo la participación de organizaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), además del Defensor del Pueblo.
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La creación de ACUMAR y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
En 2006, y como resultado de un acuerdo entre la Nación y las provincias involucradas, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) mediante la ley 26.168. La ACUMAR fue establecida como el ente tripartito encargado de implementar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
El PISA, aprobado dos años después, estableció objetivos ambiciosos: mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en sus componentes de agua, aire y suelo, y prevenir daños. A pesar de esto, las acciones de reconversión industrial, limpieza de márgenes y relocalización de viviendas siguen en proceso.
En julio de 2008, la Corte Suprema emitió una sentencia histórica que condenó al Estado y a los gobiernos locales a cumplir con el PISA. Esta sentencia incluyó disposiciones específicas para la limpieza de desagües, tratamiento de residuos y provisión de agua potable.
El fallo actual de la Corte: el impacto en las comunidades afectadas y retroceso en derechos
En su fallo, la Corte Suprema argumentó que había cumplido su rol al definir metas y establecer un organismo de ejecución. Según el tribunal, “este tipo de procesos se consideran culminados […] una vez que se han definido claramente las metas a cumplir y se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación”.
El cierre de la causa significa la eliminación de los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre los fondos y las obras. Organizaciones civiles sostienen que la decisión de la Corte agrava la violación de derechos de las personas que viven en la cuenca y dificulta su acceso a la justicia.
La última audiencia pública del caso se realizó en 2018, lo que demuestra una postura pasiva por parte de la Corte en los últimos años. Este contexto, ahora consolidado por el fallo, reduce la participación social y deja en una posición vulnerable a las comunidades afectadas.
Recurso de revocatoria de las organizaciones civiles
Tras la decisión de la Corte, el CELS, la Asociación Vecinos de La Boca, FARN y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) presentaron una revocatoria contra el fallo. Este recurso busca revertir la decisión, argumentando que la Corte utiliza criterios que no estaban contemplados en la sentencia original y que no se cumplieron aún los objetivos del PISA.
Las organizaciones critican además que la Corte, que antes cuestionaba los informes de la ACUMAR por falta de avances, ahora los toma como base para retirarse, sin contrastar el estado actual de la cuenca ni evaluar el cumplimiento real de las metas.
Por una justicia socioambiental
La decisión de concluir la supervisión legal del caso “Mendoza” marca un cambio en su postura sobre la protección de derechos ambientales.
Aunque el PISA y la ACUMAR fueron creados hace más de una década, la falta de avances reales en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo deja a las comunidades afectadas sin garantías de que el proceso continuará.
La retirada de la Corte genera incertidumbre sobre el futuro ambiental de la zona y plantea un desafío para las organizaciones que buscan justicia socioambiental.
La Corte Suprema cerró la Causa del saneamiento del Riachuelo
