15 pupitres por una escuela fumigada: el silencio tiene precio en Exaltación de la Cruz

El 11 de marzo de 2019, un avión sobrevoló la Escuela Primaria Nº 4 de Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, y fumigó con agrotóxicos durante el horario de clases. Docentes y alumnos terminaron internados. Cinco años después, el expediente judicial revela un «arreglo» insólito: 15 pupitres y 30 sillas como reparación por haber rociado con venenos prohibidos en decenas de países a una escuela entera. El acuerdo fue firmado por directivos escolares y el productor responsable. La causa, archivada. Mientras tanto, en esa misma localidad, una encuesta vecinal detectó 50 casos de cáncer en 280 viviendas. ¿Qué precio tiene la salud? Escritura Crónica viajó al lugar y tuvo acceso al expediente.


A veces me pregunto por qué envenar tanto, si tenemos una de las tierras más fértiles del mundo.

La tarde del 11 de marzo de 2019, en la Escuela Primaria Nº 4 General José de San Martín y la Secundaria Técnica N°1 de Parada Robles en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, fue uno de esos momentos que nos tienen que ayudar a hacer el click sobre nuestro modelo agroexportador. Un avión fumigó con agrotóxicos durante el horario de clases. Docentes y alumnos terminaron internados. Más tarde se comprobó que los dos insecticidas con los que se pulverizó fueron: THIAMETOXAN (prohibido en 28 países, según la Pesticide Action Network) y LAMBDACIALOTRINA.

Si, son nombres difíciles, pero que está bien conocer. Acá, en Argentina, esos venenos no están prohibidos.

Volviendo a la escuela, ese día se suspendieron las clases. Alumnos y docentes terminaron internados. Los años pasaron, y ese momento marcó un antes y un después para la localidad: desde 2021, una ordenanza prohíbe la fumigación aérea o por dron, y fumigar a menos de 1000 metros de las zonas rurales y educativas.

Ese logro fue en parte gracias a la lucha de una agrupación vecinal llamada Exaltación Salud, una asociación que nació en 2012 y releva el crecimiento del número de personas con problemas respiratorios, de piel, diabetes e hipotiroidismo, relacionados a las fumigaciones.

15 pupitres por una escuela fumigada: el silencio tiene precio en Exaltación de la Cruz

Hace pocos días, la Asociación reclamó que la Causa de la Escuela deje de estar cajoneada: había sido archivada en 2019 por el fiscal Juan Manuel Esperante. Fue así que lograron acceder al expediente que arrojó un dato revelador.

«El ‘arreglo’, que figura en un expediente judicial, consta de una ‘reparación’ de 15 pupitres y 30 sillas por haber envenenado a una escuela entera. De esta forma, se intentó encubrir un atentado contra la salud pública, especialmente de niños y niñas. Este caso muestra la complicidad de varios sectores públicos y privados, y lo que es peor: directores de colegios», señalan. El acuerdo fue suscripto entre los directores de la primaria y secundaria, María Natalia Gaglioti y Marcelo Germán Oubel, y el productor denunciado, Miguel Ángel Zocca, que «al hacerlo aceptó la responsabilidad y la culpabilidad de la fumigación», denuncia la organización.

Desde Exaltación Salud señalan: «el arreglo de la escuela es completamente ilegal por tratarse de un delito ocasionado a menores de edad, donde la ley 13.433 (art. 6 el segundo inciso «a») lo prohíbe expresamente. Además, se operó con la ausencia tanto de la Oficina de Resolución Alternativas de Conflicto como de la Asesoría de Menores e Incapaces.

No hay acuerdo que valga envenenar ninguna vida

Menos que menos cuando está en juego la salud de niños y niñas. Pero cualquiera que conoce, lamentablemente,  como se maneja este sistema, sabe que manda quien tiene el dinero. Es ahí donde podríamos imaginarnos un acuerdo millonario. Pero ni siquiera eso.

La salud de niños y niñas corriendo en el patio de una escuela, tuvo un precio concreto: 15 pupitres y 30 sillas.

Si, y esa fue una de las razones por las cuales se cajoneó la causa. Escritura Crónica viajó a Exaltación de la Cruz y tuvo acceso al expediente que compartimos a continuación que revela este acuerdo.

La pérdida de una hija

Gabriela Sandes vive a unas cuadras del lugar y vivió en carne propia los efectos de los agrotóxicos en lo que ellos mismos llaman los pueblos fumigados. Tiene 51 años y un vacío eterno: su hija Ana murió de cáncer de ovarios, una semana antes de cumplir los 14 años.

Le pregunto a Gabriela, quien es miembro de Exaltación Salud, cómo relacionar, las enfermedades, las muertes, con los agrotóxicos y me dice esto.

Ella me dice que no existen estudios médicos que nos hagan o que comprueben la relación. Pero que los hechos hablan por si mismos. En esta localidad, se hizo un censo sobre 280 viviendas en los barrios San José y Esperanza y se encontraron 50 casos de cáncer. 28 de esas personas relevadas, al año,  murieron y 4 eran menores. Una de esas muertes es la de su hija.

Exaltación Salud nacido en 2012 y una de sus fundadoras es Patricia Benitez. Ella justamente tiene una farmacia y vive de primera mano los males de la comunidad. Dice que cada vez hay más casos de problemas respiratorios, de piel, diabetes e hipotiroidismo. En los campos de alrededores se planta en un 80% soja.

Agua que no has de tomar

Desde la Agencia Tierra Viva, informan que el lunes 23 de agosto de 2021, integrantes del colectivo Exaltación Salud recibieron el resultado del análisis del agua que habían enviado a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Confirmaron que el agua de red de Cardales y Capilla del Señor contiene agrotóxicos peligrosos para la salud: clorpirifos (insecticida prohibido recientemente por Senasa por su peligrosidad), atrazina (disruptor endócrino), metolacloro (posible cancerígeno), epoxiconazol (probable cancerígeno), tebuconazol (posible cancerígeno, disruptor endocrino, tetarogenico) e imazetapir. También se detectó la presencia de plaguicidas en el agua de pozo del barrio San José y en muestras de la napa freática de los alrededores de Capilla del Señor, en cercanías del Pequeño Hogar Exaltación -una organización que alberga a niños en situación de riesgo- y a menos de un kilómetro el Arroyo de la Cruz

¿Y el Estado?

Un informe publicado en septiembre de 2024 por la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) reveló que entre 2019 y 2022 se detectaron agroquímicos en el agua que consumen estudiantes y docentes de más de 35 instituciones educativas en nueve municipios de la provincia de Buenos Aires.

Los estudios se realizaron en Baradero, Exaltación de la Cruz, Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Pueyrredón, Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil. Los análisis confirmaron la presencia de sustancias como atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D, todas asociadas al uso intensivo de agroquímicos en áreas rurales.

El dato más preocupante es que, actualmente, el Estado argentino no incluye la mayoría de estos plaguicidas en los controles rutinarios de calidad del agua potable. Aunque desde hace casi dos décadas existen grupos técnicos creados por el propio Estado para establecer límites máximos de estos contaminantes, las regulaciones nunca fueron implementadas.

Esto significa que el agua de red que consume la población —salvo en algunas provincias que cuentan con normativas propias— podría contener niveles peligrosos de agroquímicos sin que se registren oficialmente.

El informe de CALE expone una deuda pendiente del Estado en materia de salud pública y protección ambiental, que ya lleva más de 17 años sin respuesta concreta

Argentina, número 1 en agrotóxicos

Argentina lidera el ranking mundial en uso de agrotóxicos por habitante. Según datos de 2016, el país pasó de utilizar 40 millones de litros de agrotóxicos en la década de 1990 a más de 420 millones de litros por año, alcanzando un promedio de 12 litros por persona anualmente .

En el país, se utilizan 320 millones de litros anuales de glifosato. Ahora se anunció una baja de aranceles del 35 % al 12 % y “mayores permisos”.

En 2024, el gobierno nacional anunció la baja de precios para tres clases de agrotóxicos: glifosato, 2,4-D y atrazina. Empresas como Monsanto y la Sociedad Rural fueron muy favorecidas con esta medida.

Mientras en países como EEUU, Monsanto está pagando multas multimillonarias por los daños en la salud de su ciudadanía, acá se los premia. Y la escuela es una de las muestras de un país que da vía libre a envenenar.

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