RIGI: ¿por qué es una amenaza para el ambiente?

El RIGI significa Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y se encuentra dentro de la Ley de Bases. Pero el RIGI: ¿por qué es una amenaza para el ambiente? Es que si bien brinda beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, los mismos perjudican la protección del ambiente. El modelo que propone implica la profundización del extractivismo, con amplios beneficios para las empresas internacionales y de espaldas a las voces de las comunidades en los territorios. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil ya expresaron rechazo y preocupación por el Proyecto.


El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado por la “Ley Bases”, ¿por qué es una amenaza para el ambiente?. Brinda beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, que perjudican la protección del ambiente. Esto implica la profundización del modelo extractivo, con amplias ayudas para las empresas internacionales y da las espaldas a las comunidades en los territorios.

La Ley Bases obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y actualmente ya tiene dictamen para ser debatida en el Senado el próximo 12 de junio. Uno de los focos de la discusión pública fue en el RIGI, que ocupa el capítulo ocho. La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. 

Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática.

RIGI: cómo afecta la protección ambiental

¿Por qué el RIGI es una amenaza para el ambiente? Desde @escrituracronica te contamos los puntos principales que convierten al RIGI en una herramienta de entrega de la soberanía total sobre nuestros territorios y bienes comunes al sector financiero especulativo.

Disposiciones del RIGI que atentan contra el ambiente:

  • Le da prioridad de acceso al agua a las petroleras y mineras, por encima de los pueblos.
  • El artículo 163 del proyecto de ley Bases, a pesar de que invoca el art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional, declara que las grandes inversiones enmarcadas en el RIGI son de interés nacional, dejando por fuera la autonomía de las provincias.
  • Cualquier conflicto relativo a la inversión, se judicializará en tribunales extranjeros (incluso una demanda ambiental).
  • Están en peligro las Leyes provinciales de prohibición de minería como la 5001 de Chubut y la 7722 de Mendoza, ambas conquistas históricas de las asambleas locales.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

La lupa sobre algunos artículos

Articulo 161

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

Apunta sobre todo a actividades extractivas en sectores como agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía, tecnología Esto significa que podrían acceder las mismas transnacionales que hoy monopolizan el mercado extractivo (Bayer/Monsanto, Livent, MARA o Barrick Gold, entre otras). Atrae inversiones perjudiciales en materia democrática, de transparencia y de impacto social en las comunidades.

Artículo 198

El artículo 198 les otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria, así como estabilidad regulatoria, durante treinta años. Entonces, independientemente del gobierno de turno, las transnacionales inversoras van a poder gozar de los beneficios, desde los jurídico a lo impositivo, de manera ininterrumpida e intocable durante tres décadas. 

En provincias con una larga historia de megaminería, como Catamarca y Jujuy, sabemos el enorme riesgo que esto significa por las transformaciones del extractivismo que atenta contra los pueblos (falta de agua, trabajo precario)

Artículo 222

El artículo 222 reconoce la necesidad de que provincias y municipios adhieran al régimen. Su implicancia pasa por encima de todos los niveles de estatalidad provincial, viola la condición federal de la Argentina y la propia Constitución Nacional (en su artículo 124 por nombrar solo uno, dado que se impone su implementación por sobre las autonomías provinciales).

Una carta para el Senado

En una carta dirigida a senadores y senadoras, 50 organizaciones de la sociedad civil advierten que el Proyecto de Ley Bases atenta contra la protección ambiental.

“El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo propone cambios que implican un enorme retroceso para la protección del ambiente”, sostiene la carta, y hace hincapié que los artículos observados “contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes” como el principio de “no regresión ambiental”, contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que de aprobarse la norma se  disminuirían los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogades Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace, Fundeps, Capibara y Consciente Colectivo son algunas de las organizaciones firmantes.

En el documento, cuestionan el denominado RIGI —enfocado a actividades extractivas como la agroindustria, infraestructura, forestal, gas y petróleo, y energía— al indicar que, en el plano ambiental, afectaría “el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales”.

La política extractiva atraviesa a los gobiernos en la búsqueda de la expansión de la frontera agropecuaria y la expansión de la frontera fósil con fracking y offshore. Con la llegada de un presidente que considera que “el calentamiento global es una mentira”, la expectativas de cumplimiento de los compromisos son aún más marginales. 

“Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no  destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman al cierre de la carta.


Fuentes FARN @farnargentina y Abogades Ambientalistas @abogadesambientalistas

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